Personas con discapacidad: un desafío para Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay

People with disabilities: a challenge for Chile, Costa Rica, Ecuador and Uruguay

 

Revista PERSPECTIVAS

 EN INTELIGENCIA

 

María Eugenia Rodino Bueno1*, Nelly Liliam Hernández Olaya2, Viviana Linale Mendía3 y Javier Ramírez Narváez4

 

(1) Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, Uruguay, mrodino@ces.edu.uy

 

(2) Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry Solano”, Bogotá, D. C., Colombia, nelly.hernandez@esici.edu.co

 

(3) Universidad de la República de Uruguay, Montevideo, Uruguay, vlinale@ces.edu.uy

 

(4) Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe - Red ICALC, Colombia, jramir66@graduado.ibero.edu.co

 

* Autor a quien se dirige la correspondencia

 

Volumen 16, Número 25, enero - diciembre de 2024, pp. 197-217

ISSN 2145-194X (impreso), 2745-1690 (en línea)

Bogotá, D. C., Colombia

 

http://doi.org/10.47961/2145194X.738

 

Fecha de recepción: 20/07/2024 | Fecha de aprobación: 24/10/2024

 

Resumen

La discapacidad ha sido considerada históricamente un problema global que afecta a millones de personas, creando barreras que limitan la plena participación de estas en la sociedad. Por ello se propuso, como objetivo general de este artículo, analizar dicha problemática en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, mediante la revisión de literatura actual y documentos oficiales de las entidades responsables en cada país. Los hallazgos mostraron una situación digna de análisis en relación con las personas con discapacidad (PcD), principalmente en los países con menor cantidad total de habitantes; también, se logra evidenciar los actores nacionales e internacionales (gubernamentales) involucrados en el tema; en igual medida se aprecian los hechos registrados por cada gobierno para garantizar los derechos humanos y las soluciones planteadas en procura de que esta población tenga una mejor calidad de vida. En conclusión, todos los países estudiados muestran un fuerte compromiso (unos más que otros) con la protección y apoyo a las PcD, para minimizar las barreras que obturan la participación, promoviendo el desarrollo de una vida sin condicionamiento.

 

Clasificación JEL: K36, O35.

 

Palabras clave: Discapacidad; exclusión social; inclusión social.

 

Abstract

Disability is a global problem that affects millions of people, creating barriers that limit their full participation in society. Therefore, the general objective of this paper was proposed to analyze this problem in Chile, Costa Rica, Ecuador and Uruguay, through the review of current literature and official documents of the responsible entities in each country. The findings showed a worrying situation in relation to people with disabilities (PwD), mainly in countries with the smallest total number of inhabitants; Also, it is possible to highlight the national and international (governmental) actors involved in the issue; To the same extent, the facts recorded by each government to guarantee the human rights of these people and the solutions proposed to ensure that these people have a better quality of life are appreciated. In conclusion, all the countries studied show a strong commitment (some more than others) to the protection and support of PwD, which allows them to have a more bearable life from the point of view of inclusion.

 

Keywords: Disability; social exclusion; social inclusion.

 

Introducción

A nivel global, la discapacidad (1000 millones de PcD) es tratada como una situación anómala, como consecuencia de esta concepción, la falta de políticas de Estado y acciones que promuevan la igualdad de derechos y el acceso a una vida plena. En tal sentido, las PcD se enfrentan a una variedad de desafíos, incluyendo el acceso restringido a servicios de salud, educación y empleo, así como la discriminación y exclusión social. La situación es especialmente crítica en los países en desarrollo, donde los recursos e infraestructuras suelen ser insuficientes para cubrir sus necesidades (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2023).

 

En el caso de América Latina y el Caribe, el horizonte preocupa en igual medida. El estimado de PcD ronda un 12%, lo que equivale a 66 millones de habitantes aproximadamente que al menos viven con alguna discapacidad. Aunque se han logrado avances legislativos y las organizaciones no gubernamentales han hecho esfuerzos significativos, las personas con discapacidad en la región siguen enfrentando importantes barreras. La falta de accesibilidad en espacios públicos, la insuficiente implementación de políticas inclusivas y las barreras culturales siguen contribuyendo a su marginación. Asimismo, la pobreza y la desigualdad agravan la situación, impidiendo que muchas PcD alcancen su pleno potencial y lleven una vida digna (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2022).

 

En este sentido, es crucial que a nivel global y regional se intensifiquen los esfuerzos para promover la inclusión y asegurar los derechos de las PcD. Solo mediante un compromiso conjunto y la implementación de políticas efectivas se podrá avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa para todos. Por ello, la comunidad internacional ha buscado mecanismos que aseguren el trato igualitario para todas las personas, sin importar su condición. América Latina y el Caribe ofrece un contexto ideal para estudiar y analizar esta problemática, permitiendo comparar y evidenciar los avances logrados con la implementación de normas internacionales, así como las iniciativas propias de cada país que ha firmado estas políticas.

 

Para la elaboración de este artículo, se han seleccionado cuatro países: tres de Sur América (Chile, Ecuador y Uruguay) y uno de Centro América (Costa Rica). En ellos, a través de las diferentes administraciones, se ha gestionado la implementación de acciones en beneficio de las PcD. Es importante reflexionar sobre los avances desiguales entre estos países, ya que algunos han mostrado progresos más significativos que otros. Desde esta perspectiva, cada país cuenta con instituciones dedicadas a promover una mejor calidad de vida para estos individuos.

 

En Chile, la institución responsable de la atención a las PcD es el (Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile SENADIS, 2024.), entidad que funciona bajo preceptos legislativos que emiten normativas relacionadas con la igualdad de oportunidades. En Costa Rica, el Estado busca garantizar y supervisar el respeto de los derechos humanos de estas personas, promoviendo su desarrollo en todos los sectores de la sociedad, a través del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad del Gobierno de Costa Rica, 2023). Para el caso de Ecuador, es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades CONADIS el órgano encargado de elaborar, supervisar y evaluar las políticas públicas para asegurar los derechos de las PcD, garantizando el derecho a la igualdad y no discriminación (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades de Ecuador, 2023).

 

Por último, el Estado uruguayo, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 18651 de 2010, ha delegado en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad CNHD la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de planes de política nacional para la promoción, desarrollo, rehabilitación biopsicosocial e integración social de las personas con discapacidad. Lo expuesto refleja el compromiso de estos gobiernos con la población que presenta diversidad funcional. Con base en lo anterior, se pretende que con el desarrollo de estas líneas se logre dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay?; para tal fin, el texto en cuestión se ha estructurado en cinco apartados.

 

El primer apartado refiere a una aproximación teórica y conceptual con base en literatura reciente sobre el tema en debate. En segundo lugar, da cuenta de las acciones metodológicas realizadas para la construcción del manuscrito; en ella se desatacan las variables de análisis utilizadas y las entidades oficiales consultadas. Seguidamente, se encuentran los resultados que muestran la situación de las PcD, los actores nacionales e internacionales participantes, los hechos realizados y las soluciones planteadas. En un cuarto punto, se discuten los resultados con base en literatura disponible. Las conclusiones le dan el cierre al presente artículo.

 

Aproximación teórica y conceptual sobre discapacidad

Senent-Ramos (2020) refiere que, al hablar de diversidad funcional, es crucial entender la problemática para de esta forma evitar el uso de términos despectivos. Aunque el trato y la actitud son importantes, el lenguaje influye en gran medida en la percepción que las personas tienen de la realidad. De esta forma, el término usado afectará la visión del grupo. Toda esta situación deja abierta una cantidad de interrogantes, tales como: ¿Por qué hay distintos enfoques? ¿Es preferible “diversidad funcional” o “discapacidad”? ¿Qué dicen los expertos?

 

Al respecto, Campos (2021) sostiene que, en lo relacionado con la discapacidad y el uso del lenguaje, la humanidad ha avanzado en torno a la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad lo largo del tiempo. Sin embargo, en algunas sociedades aún se mantienen las prácticas del paradigma tradicional, a nivel médico, social, en relación con los de Derechos Humanos y desde la concepción biopsicosocial.

 

Contrariamente, a pesar de estos avances, la discapacidad sigue representando un desafío global, ya que las personas con discapacidad no siempre disfrutan de una plena satisfacción de los derechos y bienestar. Esta condición continúa representando una desventaja en términos de ciudadanía. Aunque existe una amplia agenda política para abordar esta situación, solo aquellos que logren organizarse podrán liderar y acelerar el cambio necesario (Pérez-Bueno, 2023).

 

En este contexto, aparecen, por ejemplo, los centros educativos que, preocupados por la situación de las PcD dentro de los diferentes niveles de la educación, inician acciones para transformar dicha realidad. Un ejemplo claro sucedió en Argentina, donde se organizó la Red Interuniversitaria de Discapacidad que, a pesar de los cambios en estructura y objetivos, integró a numerosas universidades y promovió la creación de organismos locales para abordar la discapacidad en cada institución (Merlo, 2024). A su vez, es fundamental el desarrollo de estrategias de intervención por parte de diferentes instancias, las cuales deben centrarse en aspectos específicos de la vida de cada persona, contemplando incluso las relaciones de pareja y de amistad. Esto es crucial, ya que los hallazgos indican que son de gran importancia para fomentar las habilidades necesarias para que las PcD puedan tener una vida más independiente, menos vulnerable y alejada de cualquier tipo de riesgo (Vega-Córdova et al., 2023; Wechner, 2024).

 

Asimismo, y para el caso de los menores, es significativo el cuidado de los padres, toda vez que estos están estrechamente relacionados con las dificultades que enfrentan durante la atención médica, en relación a la adaptación al diagnóstico y la rehabilitación. Comprender estas experiencias proporciona una visión más completa del impacto psicosocial y permite reflexionar sobre cómo comunicar el diagnóstico, las competencias parentales, las interacciones entre progenitores, los cambios en la vida del cuidador principal y las situaciones de exclusión social que enfrentan los hijos (Barbosa-González et al., 2023). De todos modos, persiste una notable desigualdad para estas personas; es decir, que no son suficientes las numerosas acciones realizadas a favor de ellas, toda vez que las iniciativas no han logrado un cambio significativo que permita a esta población acceder plenamente a los derechos y recursos, limitando las oportunidades para desarrollar los proyectos de vida y avanzar en el desarrollo humano (Vásquez-Morales y Neira-Linares, 2020).

 

Una de las tareas pendientes se refleja en la educación, escenario que demanda por parte de las autoridades el reconocimiento de la importancia y la atención necesaria para abordar la discapacidad. A este respecto, es perentorio que se pueda identificar y tratar a cada persona según las características individuales (edad, género, raza, credo, etc.), promoviendo la creatividad y participación en la vida cotidiana de la sociedad. De esta manera, se pueden prevenir acciones que generen estrés, ansiedad y otros factores que agraven la cotidianidad de las PcD (Elías-Segura y Cuaya-Cuaya, 2023).

 

Todo esto es apreciado desde el punto de vista de la inclusión como parte fundamental para descomprimir de algún modo las situaciones que viven estas personas (Hernández-Olaya et al., 2022), donde la educación en términos universitarios tiene una relevancia significativa para las PcD (Ramírez-Narváez et al., 2022). La potencialización de la diversidad en los centros educativos es uno de los pilares esenciales para mejorar los procesos inclusivos (Bejarano-Gómez et al., 2020).

 

Con lo anterior, se pone de manifiesto que la responsabilidad de la educación recae inicialmente en las familias, puesto que estas constituyen la primera escuela, transmitiéndoles las tradiciones y los valores culturales a cada individuo, para que puedan integrarse con una mayor facilidad a la sociedad (Amariles-Villegas y Henao-Saldarriaga, 2021).

 

Metodología

Este artículo se desarrolló desde una perspectiva cualitativa, basada en la revisión de documentos y estructurada en dos partes. La primera se centró en el uso de la palabra clave "discapacidad", filtrada en el título, la cual se insertó en las bases de datos Dialnet y Web Of Science (WOS). Como criterio de inclusión, se contempló que los textos hubieran sido publicados dentro de los últimos cinco años y que correspondieran a los países involucrados en el análisis; con base en esto, se excluyeron aquellos que no tenían estas dos características. Esto permitió localizar literatura reciente que sirvió de soporte para elaborar una aproximación teórica y conceptual sobre el objeto de estudio, así como para sustentar y argumentar la discusión de los resultados.

 

La segunda parte se enfocó en la búsqueda de información en las páginas web de las instituciones oficiales designadas por cada Estado en los países analizados. Se recopilaron documentos e información disponible que permitiera obtener datos relevantes sobre las variables de análisis establecidas, con el fin de abordar la problemática que enfrentan las personas con discapacidad de cada nación objeto de estudio. La Figura 1 muestra en detalle lo mencionado anteriormente.

 

FIGURA 1. Elementos utilizados para la búsqueda de información

 

Nota. Contiene las variables de análisis en cada uno de los países, de acuerdo con la información disponible en las entidades oficiales.

Fuente: Elaboración propia

 

Resultados

Tras revisar los documentos oficiales de las instituciones responsables de atender a las personas con discapacidad en cada uno de los países estudiados, y considerando las variables determinadas para el análisis, se procedió a sintetizar los aspectos más relevantes e importantes de cada nación, relacionados directamente con el tema en cuestión.

 

Las tablas y figuras que se presentan a continuación evidencian los avances actuales en materia de discapacidad en estos países de América Latina que, bajo el amparo de las políticas emitidas por organizaciones internacionales, han desarrollado las bases fundamentales para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

 

Población en condición de discapacidad

La situación de la discapacidad en los países estudiados da cuenta de la cantidad de personas que presentan alguna discapacidad. La lista es encabezada por Chile, que al registrar un mayor número de habitantes (más de 19 millones), también aumenta la PcD (más de 2 millones).

 

Esta nación es seguida por Ecuador que, a pesar de tener 18 millones de habitantes, la cantidad de personas con discapacidad no alcanza los 500 mil. Costa Rica también presenta una población por debajo de los 500 mil, y Uruguay, que es el país con menor población de todos los analizados, la cantidad de PcD supera el medio millón de casos, una cifra alta en relación a su tamaño. La Figura 2 refleja los datos encontrados en los documentos analizados.

 

FIGURA 2. Población en situación de discapacidad en los países estudiados

 

Fuente: Elaboración propia

 

Adicionalmente, es preciso mencionar que la preocupación en torno a Uruguay (Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, 2011) radica en que el porcentaje de PcD es superior al 15%, por encima de Chile (14.5%) que tiene casi seis veces más habitantes. Diferente el caso de Ecuador, donde esta problemática solo llega al 2.7%, Costa Rica alcanza un porcentaje de 8.7, lo que genera una alerta si se tiene en cuenta que la población es de 5.1 millones.

 

Actores en el tema de la discapacidad

En este caso, se consideraron únicamente organizaciones y entidades oficiales del orden nacional e internacional. Si bien es conocido que actualmente existen diversas organizaciones no gubernamentales ONG dedicadas a esta temática, estas no fueron incluidas en este análisis. La Tabla 1 muestra la participación de cada actor en los diferentes países.

 

TABLA 1. Descripción de las organizaciones actuantes en la discapacidad

 

Actores

Chile

Costa Rica

Ecuador

Uruguay

Organización de las Naciones Unidades (ONU).

X

X

X

X

Organización de Estados Americanos (OEA).

X

X

X

X

Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

X

 

 

 

Servicio Nacional de la Discapacidad

X

 

 

 

Ministerio de Salud.

 

X

 

 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

 

X

 

 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad.

 

 

X

 

Ministerio de Desarrollo Social. Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad

 

 

 

X

Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad

 

 

 

X

Ministerio de Educación. Comisión de Continuidad

 

 

 

X

Educativa y Socioprofesional para la discapacidad.

 

 

 

X

Administración Nacional de Educación Pública.

 

 

 

X

Dirección Sectorial de Integración Educativa.

 

 

 

X

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información extraída de las instituciones oficiales de cada país.

 

Esta tabla muestra que el común denominador son la ONU y la OEA, organizaciones de índole global y regional, respectivamente. Algo de resaltar es que cada país ha creado una entidad dedicada única y exclusivamente a la atención de dicha problemática. Únicamente Chile y Costa Rica han involucrado a instituciones de más alto nivel, como es el caso de los ministerios.

 

Hechos para atender la discapacidad

Cada país analizado, de acuerdo con las necesidades pertinentes, ha determinado cierto número de acciones para atender a la PcD, posiblemente para procurar una mejor calidad de vida para este colectivo. La Tabla 2 describe cada uno de los hechos realizados por los países.

 

TABLA 2. Descripción de los hechos en torno a la discapacidad

 

País

Hechos

Chile

·         Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad en educación superior.

·         Implementación de moderno software para programa de residencias de adultos con discapacidad.

·         Campaña para el Buen Trato de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad en el Mundo.

·         248 millones de pesos destinados para Ayudas Técnicas de personas con discapacidad en Los Lagos.

·         Residencias Sanitarias con 5 mil camas para personas con discapacidad.

·         Aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia por 100 mil pesos.

·         Proceso de Admisión Universitaria: Ajustes, adecuaciones y apoyos para discapacitados en la prueba de transición.

Costa Rica

·         Programa Mi primer empleo, fomenta la contratación de personas con discapacidad.

·         Economía social y solidaria para promover espacios de emprendimiento de esta población.

Ecuador

·         Plan estratégico institucional.

·         Propuesta de reforma a la Ley orgánica de discapacidades.

·         Bono de 240 dólares mensual para el familiar o responsable de los cuidados de las personas con discapacidad intelectual o física severa.

Uruguay

·         Ley N° 18651 Protección integral de personas con discapacidad.

·         Ley Nº 19.691 Trabajo para personas con discapacidad.

·         Ley N.º 17378 Intérpretes de LSU- español en espacios públicos y privados.

·         Discapacidad visual y sordera: acceso a obras literarias o artísticas.

·         Creación de talleres de producción protegida.

·         Asesoramiento y orientación sobre la inserción laboral de las personas con discapacidad.

·         Centro Nacional de Apoyos Técnicos y Tecnológicos.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de las instituciones oficiales de cada país.

 

En la tabla anterior se aprecia que Chile es el país más sobresaliente en cuanto a la realización de hechos a favor de las PcD, y el que menos actos muestra es Costa Rica. Seguramente esto está directamente relacionado con la cantidad de personas que demanda diferentes servicios por parte de los Estados.

 

Desarrollo de medidas vinculadas a la discapacidad

Al igual que en la variable anterior, el país con mayor número de medidas es Chile, mientras que Costa Rica y Ecuador son los que menos reflejan acciones en esta variable. El caso de Chile podría explicarse por la elevada cantidad de PcD, mientras que en las otras dos naciones el número es menor, lo que conlleva a que se limiten principalmente a la firma y ratificación de los acuerdos internacionales emitidos por la ONU y la OEA. La Tabla 3 describe la información detallada.

 

TABLA 3. Descripción de las medidas vinculadas a la discapacidad

 

País

Descripción

Chile

·         Firma (junio de 1999), ratificación (diciembre de 2001) y depósito (febrero de 2000) de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

·         Firma (marzo de 2007) y ratificación (julio de 2008) de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

·         Beneficios en Prestaciones de Kinesiología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.

·         Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad RND.

·         Credencial de Discapacidad.

·         Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

·         Inscripción de curador en el Registro Nacional de Discapacidad RND.

·         Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

·         Pensión de Invalidez del Sistema de Pensiones AFP.

·         Subsidio Discapacidad Mental para Menores de 18 Años.

·         Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda, D.S. N° 49 (Postulación Individual).

·         Programa de Protección del Patrimonio Familiar PPPF. Mejoramiento de la Vivienda.

·         Franquicias para Personas con Discapacidad (Vehículo/Ayuda Técnica).

·         Ley Sanna.

·         Programa Red Local de Apoyos y Cuidados.

·         Programa de Rehabilitación Integral.

·         Beca para estudiantes con discapacidad (educación superior).

·         Beca Magíster en el extranjero para personas con discapacidad.

·         Programa Vacaciones Tercera Edad.

·         Subsidio de Calefacción 2018 (ex bono leña).

Costa Rica

·         Firma (junio de 1999), ratificación (diciembre de 1999) y depósito (febrero de 2000) de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

·         Firma (marzo de 2008) de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

Ecuador

·         Firma (junio de 1999), ratificación (marzo de 2004) y depósito (febrero de 2004) de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

·         Firma (marzo de 2008) y ratificación (abril de 2008) de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

Uruguay

·         Firma (junio de 1999), ratificación (mayo de 2001) y depósito (julio de 2001) de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

·         Firma (abril de 2007) y ratificación (febrero de 2009) de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

·         Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la Educación Inclusiva de las personas con discapacidad (2017 - 2023)

·         Creación de Centros de recursos para estudiantes sordos (CERESO, 2015) y ciegos (CeR, 2008) en la educación (DGES, ANEP).

·         Rehabilitación de personas con discapacidad motriz en todas las edades.

·         Asistencia a jóvenes y adultos con discapacidad de alta complejidad.

·         Atención a jóvenes mayores de 12 años y adultos con discapacidad visual.

·         Servicio de Transporte Adaptado Puerta a Puerta.

·         Adjudicación y préstamo de apoyos técnicos y tecnológicos.

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información extraída de las instituciones oficiales de cada país.

 

Las medidas más presentes en el análisis de los resultados son la firma y depósito de acuerdos internacionales, como es el caso de las convenciones para tratar el tema de las PcD, las cuales son emitidas por la ONU y la OEA; en este sentido, los países que hacen parte de este estudio como miembros de ambas organizaciones deben firmar, ratificar y aplicar dichos documentos. Solo Chile y Uruguay muestran algún tipo de planes y servicios enfocados a la atención de las PcD, adicionales a la ratificación de los pactos universales.

 

Discusión

La situación de la discapacidad en los países estudiados muestra diferencias significativas en la cantidad de personas con discapacidad. Chile lidera, en términos de número absoluto, con más de 2 millones de personas con discapacidad (PcD), debido a su mayor población total. Esto obedece a que en este país la problemática ha sido atendida a partir de 1969 desde tres frentes: el Estado, las organizaciones de y para esta población y el sector privado, manteniendo, una visión médica-reparadora y variando las políticas y los enfoques (Suazo-Paredes y Reyes, 2019). Sin embargo, en palabras de Pino-Morán y Rodríguez-Garrido (2019), todavía falta mucho por hacer, toda vez que no existe un enfoque de género en las políticas públicas que evite la opresión de las mujeres con discapacidad, lo cual las vuelve más vulnerables y empeora las condiciones de vida de estas.

 

Por su parte, Ecuador presenta un porcentaje relativamente bajo (2.7%); quizás obedezca a la perspectiva enfocada en los Derechos Humanos. Las personas que nacen con o adquieren una discapacidad pueden perder ciertas habilidades, pero desarrollan otras para el goce de una vida plena. Los derechos y oportunidades de este grupo prioritario surgen de políticas públicas implementadas por el Poder Legislativo o Ejecutivo, con el propósito de equilibrar su vida diaria en diversos aspectos (Lligüín-González y Viteri-García, 2022).

 

Costa Rica presenta un 8.7%, de PcD, lo cual es notable, dado su tamaño poblacional. En contraste, Uruguay, que tiene una población significativamente menor que las demás naciones estudiadas, cuenta con más de medio millón de PcD, lo que resulta de interés, considerando su alta proporción, que supera el 15%.

 

Este panorama deja entrever que la situación de las PcD demanda de manera urgente el reconocimiento prioritario de los derechos basados en la inclusión, toda vez que, en menor o mayor medida, son víctimas de exclusión en diferentes escenarios en los que una justificación podría ser la visión actualizada sobre la inclusión social y la educación inclusiva aplicables al ámbito de colectivo de personas con discapacidad. En este sentido, se podría comenzar a superar las restricciones históricas y así poder abogar por la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva (Dávila-Balsera et al., 2010, p.98).

 

En el caso de los actores involucrados en la atención a las PcD, estos son variados. Todos los países estudiados cuentan con el respaldo de la ONU y la OEA, como organismos gestores a nivel mundial y regional para atender dicha situación. Además, cada país tiene sus propias instituciones nacionales específicas dedicadas a hacerle frente a esta problemática, como el Servicio Nacional de la Discapacidad en Chile y la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad en Uruguay. Es destacable que solo Chile, Costa Rica y Uruguay cuentan con ministerios de alto nivel dedicados a la discapacidad, lo que podría reflejar un mayor compromiso institucional en estos países.

 

En este sentido, aunque en los documentos oficiales consultados no se mencionan, es importante considerar a las universidades estatales como entidades que, en cumplimiento de su función pública y compromiso con el bien común, deben liderar la corrección de las deficiencias de un sistema injusto que ha fomentado la exclusión y la desigualdad. En tal virtud, deben jugar un papel central en esta situación (Tenorio-Eitel y Ramírez-Burgos, 2021). Sería importante que, además de las instituciones educativas, se vinculen actores de diferentes ámbitos: locales, estatales, civiles, religiosos, privados e internacionales. Estos, junto con la colaboración de profesionales y la propia población afectada, pueden generar iniciativas para el fortalecimiento de las políticas para este sector, tal como lo está haciendo Costa Rica (Campos-Vargas, 2020).

 

Es decir, que la situación de las PcD demanda del concurso de todos, de tal forma que se pueda enfatizar en las diferentes necesidades, como las laborales. Es oportuno vincular a las empresas, que en su gran mayoría desconocen los beneficios de contratar a estas personas o quizás no se animan a participar porque tendrían que alinearse con los perfiles de puesto, realizar adaptaciones físicas y ajustar los procesos de reclutamiento que permitan superar las barreras actitudinales (Canossa-Montes de Oca, 2020).

 

En términos de hechos concretos, Chile se destaca por la cantidad y diversidad de programas y políticas implementadas, que van desde apoyo educativo hasta residencias sanitarias. Costa Rica y Ecuador tienen menos acciones reportadas, mientras que Uruguay ofrece una gama de servicios y programas dirigidos a diferentes necesidades, desde la inclusión laboral hasta la adjudicación y provisión de apoyos técnicos y tecnológicos.

 

La evaluación de accesibilidad y transparencia se enmarca en los principios de igualdad de oportunidades que guían las leyes y políticas de discapacidad en Chile, los cuales deben priorizarse sobre los estándares técnicos (Binimelis-Espinoza y Veechi-Llanquile, 2018). Todos los profesionales que trabajan en la inclusión educativa, desde áreas como la pedagogía, la psicología y el trabajo social, entre otras disciplinas, deben ser plenamente conscientes de esta necesidad. Es fundamental que las coordinaciones se realicen de manera eficiente para poder avanzar (Furstenberg-Letelier et al., 2018).

 

En Ecuador, las personas con discapacidad han sido incorporadas al contexto socioeconómico mediante políticas laborales y sociales, en consonancia con normativas constitucionales e internacionales. El Estado ha implementado legislación, programas y planes gubernamentales para promover los derechos, rehabilitación e integración en el mercado laboral para las PcD (Subía, 2022).

 

Desde Uruguay se avanza en la búsqueda de mecanismos para reinsertar a las PcD al mercado laboral, reduciendo así el desempleo juvenil, compromiso adquirido desde hace más de veinte años, en procura de eliminar la discriminación laboral. Para garantizar este encargo, se acordó una cláusula entre el Ministerio de Trabajo, empleadores y trabajadores para incluirla en todos los convenios colectivos (López-López y Charrutti-Garcén, 2022).

 

Abordando lo relacionado con las soluciones, Chile también se destaca en esta categoría, con numerosas soluciones implementadas, incluyendo beneficios sociales y programas de rehabilitación. Todos los países han firmado y ratificado convenciones internacionales clave, como la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, solo Chile y Uruguay parecen haber desarrollado planes y servicios específicos en respuesta a estas convenciones. En este sentido, sobresale el sistema educativo para las personas con discapacidad visual en Costa Rica, el cual ha evolucionado significativamente. Este cambio ha llevado a una transición de un enfoque segregado e individualizado a una visión inclusiva y socioeducativa. No obstante, este proceso ha enfrentado importantes desafíos desde sus inicios, abarcando a toda la población afectada (González-Vides y Gross-Martínez, 2022).

 

Asimismo, otra solución en este país tiene que ver con el estudio realizado a los estudiantes, quienes son conscientes de las barreras y factores que afectan su desempeño académico y futura inclusión laboral. Desde esta perspectiva, las habilidades intrapersonales e interpersonales son cruciales para enfrentar las demandas académicas del momento, continuar con los estudios y más tarde enfrentarse al mundo laboral (Fontana-Hernández, 2019). En este sentido, se destaca el Programa Mi Primer Empleo, que promueve la economía social para las PcD. Sin embargo, es necesario comprender los discursos que sustentan prácticas excluyentes y discriminatorias; sin ello, no habrá solución efectiva (Vergara-Heidke, 2019).

 

Una de las soluciones planteadas en Ecuador se orienta hacia la inclusión de PcD en la educación superior, un área que no ha progresado en comparación con los otros niveles educativos. Sin embargo, varias universidades han abordado este desafío de manera individual y autónoma, revisando las prácticas docentes y creando acciones afirmativas y políticas internas para responder a las necesidades de los estudiantes (Aguilera-Zamora, 2022).

 

Desde la educación se visualiza la integración de PcD en todas las esferas sociales mediante políticas inclusivas y equipos multidisciplinarios, promoviendo igualdad y protección contra la discriminación; de tal forma, que se otorgue a todos los individuos un estatus social desde la mirada de los sistemas educativos (Casquete-Tamayo et al., 2024; (Herrera-Hugo et al., 2021) y enfatizando en los avances significativos hacia una sociedad más justa y equitativa, en procura de un futuro mejor, resaltando la importancia de continuar creando escenarios que garanticen su plena participación y respeto de los derechos humanos (Imacaña-Núñez y Villacrés-López, 2022). De todos modos, la situación demanda abordar retos sociales para un enfoque más flexible. La investigación y colaboración entre actores clave y las intervenciones personalizadas pueden mejorar la inclusión y efectividad en diversos entornos (Meza-Ruiz et al., 2023).

 

Uruguay, por su parte, ha desarrollado en el sistema educativo público una dirección abocada a la promoción de la educación inclusiva a través de talleres y programas específicos; del mismo modo, el Ministerio de Educación cuenta con una Comisión que promueve la continuidad educativa de las PcD. A su vez, se ha consolidado un sistema nacional de cuidados que desarrolla acciones a favor de la educación inclusiva. Estas iniciativas regionales reflejan una tendencia positiva hacia la inclusividad de las PcD, aunque cada contexto nacional requiere soluciones adaptadas a las necesidades particulares de los individuos. A este respecto, el cuidado es un eje fundamental en las políticas, el cual permite diseñar una estructura estatal coherente y coordinada, integrando servicios según las particularidades de cada persona, destacando nuevos enfoques en la búsqueda de la inserción laboral y la atención de las PcD (Batthyány-Dighiero, 2015).

 

Esta atención requiere un trato diferencial hacia la mujer y los adultos mayores, puesto que se encuentran en desventaja frente a los hombres y las demás personas de otras edades. Esta población (mujeres) presenta el mayor porcentaje de discapacidad y las mayores de 60 años se han convertido en el sector más afectado con discapacidad (Núñez, 2014). Sin embargo, hay que tener en cuenta la existencia de grupos que al parecer no desean ser absorbidos o tenidos en cuenta, como es el caso de los indígenas, aduciendo razón de dialectos, religiones diversas y costumbres (Arocena y Sobottka, 2017).

 

Finalmente, un aspecto relevante a considerar es la disposición para proteger los derechos del trabajador y la persona afectada, ofreciendo tiempo libre remunerado. De todos modos, es preciso estudiar la viabilidad de diez días de licencia, de acuerdo con los hijos registrados en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Goldstein, 2019), por citar solo un ejemplo. Lo anterior, si se tiene de presente que el modelo social de discapacidad y la perspectiva de derechos humanos exigen replantear el enfoque liberal de la autonomía tradicionalista, procurando que esta sea negociadora y relacional, que reconozca la interdependencia entre todas las personas en la toma de decisiones, incluidas las legales y de propiedad (Cataño-Berrío y Rueda-Vallejo, 2024).

 

Conclusiones

El eje central de este trabajo giró en torno a la problemática de las PcD en Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, mediante la revisión de literatura actual y documentos oficiales de las entidades responsables en cada país. A partir de la revisión de la situación de estas personas, se encontraron ciertas variaciones en la implementación de políticas y programas, siendo Chile el país con la mayor PcD y un desarrollo más amplio en este ámbito. Aunque todos los países han ratificado convenciones internacionales, solo Chile y Uruguay han adoptado medidas concretas. La colaboración entre instituciones nacionales e internacionales es esencial para abordar la inclusión de grupos vulnerables, como mujeres y personas mayores con discapacidad, garantizando el respeto a sus derechos humanos.

 

La creación de políticas en todos los niveles permite visibilizar la discapacidad, no solo centrada en la condición médica, sino hacia una concepción mucho más diversa, considerando las capacidades funcionales, así como los factores sociales, culturales y económicos. Esto puede posibilitar que las PcD sean parte del proceso como sujetos activos de la sociedad. Además, se proporciona una visión de la temática desde la diversidad y la variabilidad en la cantidad de personas con discapacidad, así como en los porcentajes relacionados que, en última instancia, reflejan las diferencias en políticas, programas y posiblemente en la eficacia de los sistemas de salud y sociales.

 

Se subraya la existencia de entidades específicas y la decidida participación de los Estados para atender la problemática de las PcD, lo que demuestra un compromiso común, principalmente en Chile, Costa Rica y Uruguay, donde la existencia de ministerios como parte de los actores que hacen frente a la temática de estudio podría indicar un enfoque más holístico, desde el cual se desprenden las políticas públicas en procura de reducir en una gran medida la desigualdad en las oportunidades que enfrenta esta población.

 

El análisis dejó claro que, en cuanto a las acciones y soluciones, Chile parece ser el líder en la implementación de estas, lo cual podría estar vinculado a un mayor número de PcD. La cantidad y calidad de las soluciones también reflejan el compromiso de cada país con la mejora de la calidad de vida de estas personas. Esto se relaciona, entre otros aspectos, con el cumplimiento de acuerdos internacionales mediante la firma y ratificación de convenios emitidos por la ONU y la OEA, lo que se convierte en un paso crucial para asegurar la protección de los derechos de las PcD.

 

En suma, mientras que todos los países estudiados muestran un compromiso significativo con la protección y apoyo a las PcD, Chile se destaca por sus numerosas y variadas acciones y soluciones. Uruguay muestra una alta proporción de PcD con respecto a la cantidad de habitantes, lo que resalta la necesidad de continuar desarrollando políticas y programas específicos para esta población, en procura de la implementación de acciones concretas a futuro. Este análisis deja abierta la posibilidad de nuevos estudios con respecto a esta situación.

 

Declaración de divulgación

Los autores declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con el artículo.

 

Financiamiento

Los autores no declaran fuente de financiamiento para la realización de este artículo.

 

Sobre el/los autor(es)

 

María Eugenia Rodino Bueno es Candidata a Maestría en Diseño de Ambientes de Aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Uruguay (Uruguay), es Máster Propio en Atención a la diversidad y Educación Inclusiva de la Universidad de Valencia (España), es Tecnóloga Universitaria en Interpretación LSU-Español de la Universidad de la República de Uruguay (Uruguay), es Intérprete de Lengua de Señas Uruguaya del Instituto de la Comunidad Sorda del Uruguay INCOSUR (Uruguay), con título en educación de estudiantes con discapacidad sensorial, sordocequera y discapacidad adicional de Perkins-Universidad de Córdoba (Argentina), es experta en TIC y Discapacidad de la Universidad de Córdoba (España), es consultora y conferencista nacional e internacional.

https://orcid.org/0009-0001-2853-8756 - Contacto: mrodino@ces.edu.uy

 

Nelly Liliam Hernández Olaya es Magister en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia), es Especialista en Intervención Psicológica en Situación de Crisis de la Universidad de San Buenaventura (Colombia), es Psicóloga de la Universidad Antonio Nariño (Colombia). Docente de tiempo completo y responsable del bienestar universitario en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “BG. Ricardo Charry Solano” (Colombia).

https://orcid.org/0009-0007-0921-0046 - Contacto: nelly.hernandez@esici.edu.co

 

Viviana Linale Mendía es Magister en Informática Educativa Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile UTEM, es Profesora de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología en el Instituto de Profesores Artigas IPA (Uruguay), Experta en Tic y Discapacidad (Creática-Free/Universidad de Córdoba de España), con experiencia en Educación Inclusiva: un camino a recorrer, Opción de Gestión de Centros. (Consejo de Educación Inicial y Primaria, a través del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión, UNICEF-Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO (Uruguay), con formación en lectura fácil, adaptación textos en lectura fácil. (Lengua Franca), es Técnica en Reparación de PC y Redes (CI), con curso de posgrado en Educación de estudiantes con discapacidad sensorial, sordocequera y discapacidad adicional (Perkins-Universidad de Córdoba de España). Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Desarrollo Accesible CERESO (Uruguay) de la Dirección General de Educación Secundaria DGES, integró la Red Internacional de Tecnologías y Educación Inclusiva- RITIE, es conferencista y consultora internacional en la temática de Educación Inclusiva y accesibilidad digital.

https://orcid.org/0009-0008-4588-9727 - Contacto: vlinale@ces.edu.uy

 

Javier Ramírez Narváez es Magister en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia), con Especialización en Docencia Universitaria del Centro de Educación Militar (Colombia), Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia), miembro de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe Red ICALC, investigador independiente en calidad de egresado en la Corporación Universitaria Iberoamericana Ibero (Colombia), con experiencia como Par evaluador de la Revista Horizontes Pedagógicos de la Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia), de la Revista de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Sinaloa (México), de la Revista Multidisciplinaria Voces de América y el Caribe REMUVAC (Colombia) y de la Editorial Racionalidades (Perú), Investigador del Centro de Investigación en Guerra Asimétrica CIGA (Colombia).

https://orcid.org/0000-0003-0849-1951 - Contacto: jramir66@graduado.ibero.edu.co

 

 

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